El estado "Impagados" (I) se asigna a los préstamos ofrecidos por una entidad prestamista que cumple tres posibles criterios:
a.) Los flujos de caja actuales estimados no permiten cubrir la exposición por completo: evaluamos si los reembolsos esperados correspondientes a los préstamos subyacentes adquiridos por los inversores (o, en el caso de una obligación de recompra, los flujos de caja de la cartera general de la entidad prestamista y de sus operaciones) son suficientes para cubrir por completo las obligaciones contractuales de pago con los inversores. En el caso de que identifiquemos una carencia de recursos en este sentido, asignaremos el estado Impagados, independientemente del volumen de esta.
b.) La entidad prestamista se ha declarado en bancarrota o se encuentra en un proceso de insolvencia (lo que puede incluir la suspensión de pagos) o acogida a una figura de protección legal: Debido a la implicación de un tercero, como un administrador o un liquidador, existe un mayor riesgo de que la entidad prestamista no cumpla la obligación de recompra o de que no transfiera los pagos de los prestatarios por completo, incluso aunque las predicciones de flujos de caja actuales no contemplen este escenario. El impacto de estos procedimientos puede variar en función de la legislación específica de cada país. Por ejemplo, en algunos países, la revocación de la licencia puede permitir que la entidad prestamista se acoja a un procedimiento de liquidación ordenado y continuar gestionando los préstamos (por lo que no entraría en esta categoría), mientras que, en otras ubicaciones, la misma revocación requería un proceso de concurso obligatorio, con el nombramiento de un administrador. En este caso, si se situaría en esta categoría.
c) No se ha acordado una solución de reestructuración tras un periodo de 180 días de suspensión: 180 días es un plazo razonable para alcanzar un acuerdo de reestructuración con una entidad prestamista no sujeta a tensiones. Consideraremos una solución de este tipo con la entidad prestamista si los pagos se realizan según lo acordado, incluso aunque no se haya alcanzado un acuerdo formal.